SU- de 2018

En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se pide la protección constitucional para mujeres que alegaron que sus derechos fundamentales fueron vulnerados con ocasión de la terminación unilateral de sus contratos laborales, a pesar de estar en estado de gravidez.

Por su parte los empleadores, quienes en todos los casos son empresas privadas, adujeron no tener conocimiento de que sus trabajadoras tenían la condición de gestantes al momento del despido.

A pesar de reiterar la jurisprudencia establecida en la Sentencia SU.070/13, la Sala Plena estimó necesario modificar el precedente pero únicamente en los supuestos en los que el empleador no tiene conocimiento del embarazo de la trabajadora al momento de su despido.

Precisó que, cuando se demuestra en el proceso de tutela la anterior condición, con independencia de que se haya aducido justa causa, no debe sufragar las cotizaciones requeridas para que la empleada tenga derecho a acceder a la licencia de maternidad, como tampoco pagar dicha prestación económica como medida sustitutiva, ni está obligado a reintegrar a la trabajadora desvinculada laboralmente.

Consideró además, que existen otras medidas vigentes en el ordenamiento jurídico que protegen los derechos a la salud y al mínimo vital de las mujeres gestantes y lactantes y de los hijos a su cargo.

En torno a la primera garantía indicó, que pueden ser beneficiarios de otro familiar afiliado al Régimen Contributivo o atendidos por el Régimen Subsidiado cuando no cuentan con recursos económicos para acceder al Sistema como cotizantes independientes.

En cuanto al otro derecho recordó que existen diversas alternativas de protección, en particular el subsidio alimentario que se encuentra a cargo del ICBF, así como los mecanismos de subsidio al desempleo dispuestos en la Ley 1636 de 2013.

Solo en caso se CONCEDE el amparo deprecado.