C-233 de 2021

Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 106 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.

El precitado artículo establece el tipo penal de homicidio por piedad y la pena prevista para el que incurra en esta conducta, la cual se encuentra entre 16 y 54 meses de prisión.

La anterior conducta no está penalizada, en la actualidad, cuando concurren tres condiciones: voluntariedad y consentimiento del paciente; que un profesional en medicina sea quien la realice y que el paciente se encuentre en estado terminal.

Los demandantes consideran que el precepto acusado desconoce, entre otros, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes; el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, así como la posibilidad de todas las personas enfermas que estén padeciendo de sufrimientos intensos y sin la posibilidad de alivio, de acceder efectivamente al derecho a morir dignamente.

En síntesis, el problema constitucional que preocupa a los actores se concreta en la condición relativa al estado terminal, pues consideran que esta no debería existir.

La Corte, antes de proceder al examen de fondo, entró a determinar si se presentó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto a la Sentencia C-239/97, a través de la cual hizo un pronunciamiento sobre el tipo penal de homicidio por piedad, estableció las tres condiciones que en su conjunto lo justifican y excluyen su penalización, e impartió la orden al Congreso de la República de dictar una regulación integral sobre el contenido del derecho a morir dignamente.

Concluyó la Sala Plena de la Corporación que, en el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia, ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna.

Reiteró además que, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica, sino que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad.

Así mismo consideró, que el Estado no cumpliría con su obligación de proteger el derecho a la vida, cuando desconoce la autonomía, la dignidad de las personas y la facultad del individuo de controlar su propia vida.

Se declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del precepto demandado, en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad, cuando la conducta (i) sea efectuada por un médico, (ii) sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que (iii) el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

La Sala precisa que, en todos los demás aspectos relacionados con la prestación de servicios eutanásicos, será aplicable la jurisprudencia actual.

Estos temas incluyen entre otros, las condiciones para expresar el consentimiento informado, la posibilidad de dar éste de manera anticipada, el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder al derecho a la muerte digna y las condiciones especiales para transmitirlo.

Por último, ante la persistencia del vacío legal que impide contar con una regulación integral del derecho fundamental a morir dignamente, se reiteró el exhorto hecho por la Corte al Congreso de la República, entre otras, en las Sentencias C-239/97, T-970/14, T-423/17, T-544/17, T-721/17 y T-060/20 para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, avance en la protección de esta garantía constitucional, con miras a eliminar las barreras aún existentes para su acceso efectivo.