SU- de 2020

El Consejo Superior de la Judicatura presentó acción de tutela en contra de una sentencia dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la nulidad por inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA16-10548 de 27 de julio de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, también quedó sin efectos el Acuerdo que contenía las ternas que se formulaban al Congreso para proveer cuatro cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La Corporación accionada interpretó el artículo 257A de la Carta en el sentido de concluir que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para regular la convocatoria pública para la selección de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dado que en virtud de los artículos 126, 256 y 257 superiores, dicha atribución correspondía al legislador estatutario, en virtud de los principios de reserva de ley y separación de poderes.

Se alega que dicho fallo vulneró derechos fundamentales al incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución y por desconocimiento del precedente constitucional, al contradecir lo establecido en la Sentencia C-285/16.

También se aduce un defecto orgánico, dado que asignó al Congreso, en virtud de su interpretación particular, una competencia que la Constitución no le atribuyó, tendiente a exigir la expedición de una ley destinada a la regulación de la convocatoria pública orientada a la elección de los candidatos para integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Se aborda temática relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de nulidad por inconstitucionalidad y el del cumplimiento de los requisitos de la tutela contra providencias judiciales.

La Corte concluyó que el Consejo de Estado se apartó de la cosa juzgada constitucional al interpretar el artículo 257A de la Constitución en contravía de las modulaciones y condicionamientos expuestos en la Sentencia C-285/16, en la cual se estableció con claridad que el Consejo Superior de la Judicatura asumiría las atribuciones constitucionales que, en su momento, habían sido otorgadas al Consejo de Gobierno Judicial respecto de la elaboración de las ternas para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en tanto que dicho Consejo de Gobierno Judicial desapareció del mundo jurídico y frente al Consejo Superior de la Judicatura operó la reviviscencia normativa.

Igualmente concluyó que presentó un bloqueo institucional inconstitucional cuando al evaluar la validez constitucional de un acto administrativo se inhibe el desarrollo de la Constitución, a través de una interpretación judicial que desafía a la propia Carta o produce una parálisis funcional o institucional que afecta la eficacia de la Constitución.

Es decir, cuando las sentencias de dicho Tribunal conducen a lecturas de las normas constitucionales que implican la pérdida de efectos de los mandatos establecidos en la Carta.

Se CONCEDE el amparo invocado y se dispone que las autoridades a las que se refiere el artículo 257A de la Constitución, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta sentencia, deberán enviar al Congreso de la República, previa convocatoria pública reglada, las ternas que les corresponden conformar, para efectos de que esa Corporación proceda a la elección de los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el año en curso.