SU- de 2021

Se atribuye a una autoridad judicial la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al proferir un auto mediante el cual adecuó las diligencias de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004 y determinó que el actor tenía la condición de imputado por cuanto alcanzó a ser vinculado al trámite mediante indagatoria en los términos de la primera ley, antes de renunciar al fuero constitucional que lo cobijaba como senador de la Republica.

Se aduce que dicha determinación incurrió en los defectos orgánico, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Al verificar los requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y al analizar detalladamente cada uno de los defectos alegados, la Corte descartó la configuración del orgánico y la violación directa de la Constitución. en relación con lo anterior observó que el juzgado no se extralimitó en sus competencias como juez de segunda instancia al haberse pronunciado sobre la adecuación del trámite, ya que este fue objeto de debate en la apelación que le correspondió conocer, así como tampoco lesionó la garantía del juez natural ni desconoció las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, sino que se limitó a mantener la validez y eficacia de la imputación de cargos hecha por la autoridad titular de la acción penal para el momento en que el accionante fue vinculado formalmente a dicha investigación.

Respecto al defecto procedimental absoluto y al desconocimiento del precedente judicial sobre hechos jurídicamente relevantes en la formulación de imputación propia de la Ley 906, la Sala señaló encontrarse frente a un vacío normativo al no existir disposición que expresamente regule una situación de modificación de norma procedimental aplicable en un proceso en curso – particularmente el tránsito de Ley 600 a Ley 906 ocasionado por renuncia del investigado a su fuero constitucional, siendo necesario acudir a principios y reglas del derecho procesal que permiten llenar el vacío y responder el interrogante planteado sobre si es posible considerar como equivalente, desde la perspectiva de la vinculación del sujeto pasivo al proceso penal, la diligencia de la indagatoria bajo Ley 600 a la formulación de imputación bajo Ley 906.

La Corte consideró además que, si al interior de una actuación judicial se provoca un cambio en la normatividad aplicable de Ley 600 a Ley 906 o viceversa, los principios constitucionales de legalidad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, y economía procesal exigen conservar la validez y eficacia de lo actuado.

Para el caso concreto, la Sala encontró que existe una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación.

Las dos sirven como medio de vinculación a la actuación penal en uno y otro régimen procesal, y, a pesar de sus múltiples diferencias en cuanto a las formas y la riqueza descriptiva del aspecto fáctico, ambas también cumplen la función de garantizar el derecho constitucional y convencional a ser comunicado en forma previa y detallada sobre la naturaleza y las causas de la investigación que se adelanta en su contra, contenido en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, tanto la indagatoria como la imputación son instituciones de sistemas penales distintos, que obedecen a lógicas muy diferentes, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por la Corporación, sin que sea posible argumentar que uno resulte más garantista que el otro, máxime en tanto ambos respetan las correspondientes garantías fundamentales de naturaleza constitucional y convencional.

Al no encontrar la configuración de ninguno de los defectos alegados la Corte Constitucional decidió NEGAR el amparo invocado.

No obstante lo anterior, la Sala Plena determinó que, si excepcionalmente alguna de las partes o intervinientes, al margen de la adecuación hecha por el juzgado accionado, existe otro ámbito de indefensión de sus garantías fundamentales con efectos sustantivos como consecuencia del cambio en la normatividad procesal aplicable porque al imputado no se le haya permitido el espacio de allanarse a cargos, o porque la Fiscalía General de la Nación considere necesario adicionar la imputación, la parte o el interviniente podrá acudir al juez de control de garantías para que, en audiencia innominada se analice si existió alguna afectación de efectos sustanciales, y de ser el caso, se realice la adecuación a que haya lugar, en los términos del artículo 10 de la Ley 906 de 2004.