T-378 de 2024

En este caso se cuestionan las decisiones judiciales que declararon la caducidad del medio de control de reparación directa con el que los actores pretendían la reparación del daño causado por la muerte de un familiar, producto de una ejecución extrajudicial.

Según los accionantes, las providencias censuradas incurrieron en los defectos de desconocimiento del precedente, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala concluyó que si se configuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

Sobre el particular, advirtió que, en el marco de un proceso de reparación directa adelantado por la presunta comisión de graves violaciones a los derechos humanos ante la posible existencia de una ejecución extrajudicial, el juez debe evidenciar con claridad el momento a partir del cual la parte actora se encuentra en la capacidad material de imputarle el daño al Estado ante el aparato jurisdiccional.

En ese sentido, la procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto.

Para llegar a la anterior conclusión se revisó el criterio del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el término de caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se ordenó proferir una nueva decisión de segunda instancia en el proceso administrativo, en el cual se acojan las consideraciones expuestas en el presente fallo.