T-354 de 2023

En este caso se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a las autoridades judiciales que declararon la caducidad del medio de control de reparación directa que interpuso el actor y su grupo familiar en contra el Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los daños causados por la muerte de un familiar, durante hechos relacionados con una posible ejecución extrajudicial.

Se aduce que dichos fallos incurrieron en desconocimiento del precedente judicial vigente al momento de la interposición de la demanda y aplicar de manera retrospectiva una sentencia de unificación del Consejo de Estado.

Así mismo se les atribuyó un defecto fáctico por valoración irrazonable del material probatorio.

Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizan los defectos invocados.

Así mismo, se aborda el estudio de los siguientes temas: 1º.

La aplicación del precedente en el tiempo y, 2º.

El criterio del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con el término de caducidad del medio de control de reparación directa en los casos en que se pretende la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los derechos humanos.

Teniendo en cuenta que no se justificó la inactividad por cuatro años para radicar la demanda de reparación directa, ni se aportaron pruebas que permitieran inferir alguna situación especial o la existencia de barreras impuestas a la garantía de acceso a la administración de justicia, se decidió confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado.

No obstante, se instó a las autoridades judiciales accionadas para que, en lo sucesivo apliquen de manera correcta el precedente del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 al momento de realizar la valoración probatoria y determinar el punto de partida para contar la caducidad del medio de control.