T-044 de 2022

En este caso se aduce que la decisión judicial que decretó la caducidad del medio de control de reparación directa que promovieron los accionantes por la muerte de sus familiares, quienes al parecer fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la integridad personal, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia.

El precitado fallo se adoptó en aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y con el argumento de que el fallecimiento se produjo siete años antes de que se interpusiera la demanda, lo que ocurrió antes de que se dictada el fallo de unificación mencionado.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales la Sala Quinta de Revisión encontró configurado el desconocimiento del precedente judicial, toda vez que el operador jurídico cuestionado al aplicar las reglas unificadas del Consejo de Estado, las cuales supusieron cambios sustanciales en las cargas probatorias y argumentativas, no tuvo en cuenta el mandato establecido en la Sentencia SU.406/16 de la Corte Constitucional según el cual, pese a que el cambio de reglas tuviera efectos de forma general y automática, debía valorar las circunstancias particulares del caso concreto, con el objetivo de determinar si la vinculatoriedad automática del precedente unificado podría poner en riesgo las garantías procesales de las partes.

Así mismo encontró probado el defecto procedimental absoluto, porque, desde una perspectiva material, el Tribunal accionado pretermitió la fase de alegatos y con eso vulneró el derecho al debido proceso de los demandantes.

Con base en lo anterior se confirma la decisión de segunda instancia que AMPARÓ las garantías constitucionales invocadas.