SU- de 2024

En este caso los actores, en calidad de padres de una menor de 15 años, atribuyeron la vulneración de derechos fundamentales a actuaciones desplegadas tanto por la Fiscalía General de la Nación como por autoridades judiciales penales.

De manera particular se censuró que la primera tipificara como injuria por vías de hecho el delito cometido en contra de su hija y, las segundas, ordenaron la preclusión del proceso por la prescripción de la acción penal.

En criterio de los peticionarios, el ente investigador desconoció los derechos a la verdad, justicia y reparación, el debido proceso, al acceso a la administración de justicia, la dignidad humana, el buen nombre y la garantía de no repetición de la adolescente, mientras que las decisiones judiciales incurrieron en los defectos por desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución, por cuanto la joven fue víctima de actos sexuales violentos.

Se analizó la siguiente temática: 1º.

La protección especial a las niñas, los niños y los adolescentes en el Estado colombiano y la promoción de su interés superior como sujetos de especial protección constitucional reforzada. 2º.

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. 3º.

Los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. 4º.

El incidente de nulidad en el proceso penal y la causal de nulidad por violación de las garantías fundamentales al acto de imputación o de acusación.

Así mismo, se unificó jurisprudencia sobre: (i) la falta de consentimiento como ingrediente normativo constitutivo de violencia sexual; (ii) la diferenciación entre los tipos penales de injuria por vías de hecho y acto sexual violento y (iii) el deber de los jueces, en algunos casos, de realizar un control material más o menos amplio de los actos de imputación o acusación en temas como la tipicidad, la legalidad o la vulneración al debido proceso.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se impartieron una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. se llamó la atención a las autoridades accionadas para que, en lo sucesivo, apliquen tanto los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en los asuntos de su conocimiento como la obligación constitucional de atender a la perspectiva de género en sus decisiones, según las consideraciones expuestas en el presente fallo.