T-400 de 2020

La accionante, actuando en representación su hijo de quince años de edad, considera que la institución tutelada afectó los derechos del adolescente debido a la decisión del Comité Escolar de Convivencia, ratificada por el Consejo Directivo, de suspenderlo indefinidamente de manera preventiva, como resultado de un procedimiento disciplinario adelantado por la conducta de solicitar y obtener, a través de medios electrónicos, material fotográfico de carácter íntimo de una niña de 12 años, también vinculada a la entidad educativa.

Se recuerda el precedente fijado en la Sentencia T-240/18, en la que se abordó un caso similar al ahora estudiado.

La Corte concluyó que la accionada no vulneró las garantías constitucionales alegadas por la parte demandante, pero que sí utilizó un lenguaje indebido al referir que la conducta realizada por el estudiante disciplinado constituyó “un delito tipificado en la legislación colombiana vigente”, pues dicha categorización correspondía hacerla a la autoridad penal competente.

Pese a ello precisó, que tal señalamiento no comporta la invalidez de la actuación que se adelantó.

Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado.

No obstante lo anterior, ordenó a la accionada adecuar el artículo 19 de su Manual de Convivencia, de tal forma que cumpla criterios de proporcionalidad, y no supedite las sanciones a imponer a sus estudiantes a las actuaciones que corresponda adelantar a autoridades externas en el marco de sus competencias.

Así mismo, invitó a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño a que programe en las diferentes instituciones educativas de carácter público del departamento jornadas de reflexión con perspectiva de género, en las que se aborden temas referentes a (i) el deber de respeto a la intimidad de las personas, (ii) el manejo de las redes sociales, y (iii) los derechos y deberes de los estudiantes.