T-388 de 2013

En este caso la Sala de Revisión estudió nueve expedientes de acción de tutela en los que se refieren violaciones a los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en seis centros de reclusión del país, específicamente, en el Centro Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, La Tramacúa de Valledupar, La Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán y, el de Barrancabermeja.

En todos los casos se hizo referencia a la necesidad de tomar medidas adecuadas y necesarias, de manera urgente, para superar el estado de cosas en que se encuentra el sistema penitenciario y carcelario, que se alega, es contrario al orden constitucional, de manera estructural y general.

La trasgresión de derechos se le atribuyó, en especial, al grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones.

Con el objeto de realizar un diagnóstico, la Corte, analizó la información presentada dentro de las demandas de tutela; la remitida con las solicitudes de cumplimiento de la sentencia T-153/98; la suministrada por las autoridades penitenciarias y carcelarias y la recopilada por la propia Corporación.

Con fundamento en este diagnóstico y, examinados los casos concretos sometidos a su consideración, la Sala decidió declarar que el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional.

Con base en dicha declaratoria, hizo las siguientes precisiones: A).

Que el estado de cosas contrarias a la Constitución anteriormente referido, tiene una de sus principales causas en dificultades y limitaciones estructurales de la política criminal.

B) Que el juez de tutela no puede renunciar al cumplimiento de sus obligaciones y no tomar acciones frente a una violación o amenaza probada, asistiéndole la facultad y el deber de asumir una actitud más oficiosa y activa cuando el amparo es invocado por personas que, por sus particulares circunstancias, ven limitados sus derechos de defensa, como ocurre con las personas privadas de la libertad.

C).

Que las facetas prestacionales de un derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas.

D).

Un Estado social y democrático de derecho, bajo ninguna circunstancia puede imponer barreras u obstáculos infranqueables o considerables al acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad.

E).

Que no garantizar el derecho al agua a personas privadas de la libertad, para su aseo, implica una grave violación a este derecho y a la dignidad humana, en conexidad con otros derechos, como la salud, la alimentación, la integridad, a un ambiente sano e incluso la vida.

Si se trata de restricciones claramente irrazonables y desproporcionadas, constituirán, además, una trato cruel, inhumano y degradante.

F) Que los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas adecuadas y necesarias para asegurar la efectiva reinserción social de aquellas personas marginadas y excluidas socialmente por su condición socioeconómica, que se encuentren privadas de la libertad, independientemente de si son condenadas o sindicadas.

G).

Que en un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente, como el que atraviesa actualmente el sistema penitenciario y carcelario, las personas no adquieren un derecho constitucional subjetivo a ser excarceladas, sino a que se diseñen e implementen políticas criminales y carcelarias favorables a la libertad y, sostenibles en el tiempo.

H).

Que sólo en aquellos casos en los que excepcionalmente se cuente con una evidencia clara y contundente de que un establecimiento amenaza grave e inminentemente la dignidad humana y los derechos de las personas y; que no es posible reparar o evitar esta situación de ninguna manera, se podrá considerar la extrema decisión de decretar su cierre y; I).

Que en aquellos casos en los que se esté enfrentando una situación de hacinamiento grave y evidente y; hasta tanto no se disponga una medida que asegure una protección igual o mayor por parte de las autoridades penitenciarias y carcelarias competentes, se deberá aplicar una regla de equilibrio decreciente.