T-218 de 2012

En el presente caso los accionantes alegan que CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia que les fue concedida mediante decisión judicial que resolvió el trámite de una acción de tutela instaurada para tal fin y, que de manera adicional continuó renuente a cumplir el fallo, a pesar de haberse declarado que incurrió en desacato.

Pretenden los actores que vía acción constitucional se ordene a la demandada dar estricto cumplimiento a la sentencia de tutela y que consecuentemente se ordene su inclusión en nómina pensional.

Por su parte, algunos de los accionados alegaron que los actores no tenían el derecho de ser acreedores de la pensión gracia, dada la existencia de normas legales que expresamente lo prohíben y porque fue concedida mediante fallo de tutela, cuando esta acción no es un mecanismo llamado a proteger prestaciones económicas.

La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la improcedencia de la acción de tutela para controvertir sentencias de tutela previas, la inviabilidad procesal de dicha acción para obtener el cumplimiento de órdenes impartidas en sentencias de tutela y el incidente de cumplimiento.

Adicionalmente analiza la figura de la cosa juzgada constitucional y del principio constitucional de: el fraude lo corrompe todo.

De igual manera, realiza un estudio jurisprudencial y normativo a la pensión gracia desde una aproximación histórica a su naturaleza, los requisitos jurídicos para su reconocimiento y sus posibles titulares.

La Sala concluye que la presente acción de tutela es IMPROCEDENTE, pues con ella se intenta la materialización de unas órdenes proferidas en una sentencia de tutela anterior, pretensión que cuenta en el ordenamiento jurídico colombiano con medios judiciales para lograr su efectiva realización, como lo son los incidentes de cumplimiento y la sanción de desacato.

Frente a la providencia inicial que concedió el amparo del cual reclaman su cumplimiento, la Sala coincide con las autoridades disciplinarias que la consideraron espuria y por eso, más que controvertir la cosa juzgada constitucional, pretende evitar que una orden fraudulenta se materialice a través de los incidentes de cumplimiento que podrían iniciarse si la providencia se mantiene en pié.

De acuerdo a lo anterior se decide DEJAR SIN EFECTOS la sentencia referida y remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para que si lo consideran pertinente inicien las actuaciones a que haya lugar.