T-012 de 2016

La accionante, víctima de violencia física y psicológica producida por los malos tratos recibidos de su esposo interpuso una demanda de divorcio y el juez de primera instancia decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra.

En segunda instancia esta decisión fue confirmada, pero en ella se negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, bajo el supuesto hecho de que la violencia había sido recíproca, de acuerdo a los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso.

La protección constitucional se solicita para dejar sin efectos la precitada providencia judicial y para que se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones ilegales en que habría incurrido el demandado en divorcio, con el fin de evadir la obligación de suministrarle alimentos.

Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; los estándares nacionales e internacionales sobre protección de los derechos de la mujer y, los distintos tipos de violencia contra ella.

Considera la Corte que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico y sustantivo al negar el derecho de alimentos en favor de la accionante, al no tener en cuenta que la justicia penal determinó que el esposo era responsable del delito de violencia intrafamiliar por la agresión física, psicológica y patrimonial que le prodigaba a su esposa y que como consecuencia de ello, se produjeron diferentes daños en su salud física y mental.

Advirtió la Corporación que si bien este tipo de violencia en muchas ocasiones es difícil de probar, no por ello deja de ser una práctica por medio de la cual los hombres pueden agredir a sus parejas.

Con base en lo anterior precisó que existe un deber constitucional de los operadores judiciales cuando se enfrenten con casos de estas características que los obliga a estudiar estos casos con base en criterios de género y ausentes de estereotipos, para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional.

Además, concluyó que cuando concurren culpas en un proceso de divorcio, no necesariamente se debe negar el derecho de alimentos, pues una culpa puede ser consecuencia de la otra.

Se CONCEDE.