SU- de 2016

El accionante considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró su derecho fundamental al debido proceso en varias de sus distintas facetas, entre ellas: i) la relativa a la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; ii) la de ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial y con arreglo a las normas vigentes al momento de cometerse el acto imputado; iii) la relacionada con el derecho a presentar pruebas y a debatir las que se alleguen en su contra; iv) la que establece el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas; v) la referente a la presunción de inocencia; vi) la que establece la invalidez de pruebas recaudadas con violación del debido proceso; vii) la atinente al derecho a impugnar el fallo condenatorio, y viii) el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal.

Lo anterior, en virtud del fallo de única instancia que lo condenó a la pena principal de 80 meses de prisión y a las accesorias de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 112 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por causa de los ofrecimientos hechos a una congresista.

El peticionario argumentó que el precitado fallo incurrió en los defectos orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, además de violación directa de la Constitución.

Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y de corroborar que no se configuró ninguno de los defectos alegados por el accionante, la Sala Plena de la Corporación decidió confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.