SU- de 2019

Mediante la presente sentencia de unificación se resuelven cinco acciones de tutela instauradas en contra de providencias judiciales adoptadas en el marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las cuales se negó la pretensión de reconocimiento de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías, consagrada en el artículo 5º de la ley 1071 de 2006 que modificó el artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

Dicha sanción había sido denegada con el argumento de que los docentes gozaban de un régimen especial y, por ello, no eran destinatarios de la norma que consagraba la sanción moratoria.

En criterio de los operadores jurídicos, la norma sólo es aplicable a los servidores públicos del régimen general y a aquellos amparados por los regímenes especiales taxativamente establecidos en esa disposición, esto es, los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y los trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Indicaron además los jueces que, aunque existían decisiones judiciales anteriores que habían accedido a pretensiones iguales, esa posición había sido replanteada por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de unificación, con el fin de ajustarla al precedente fijado por el Consejo de Estado sobre la materia.

Por su parte, los peticionarios adujeron que las sentencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo.

Se reitera la doctrina referente a los requisitos generales y a las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se aborda temática relacionada con el régimen legal y jurisprudencial, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes oficiales.

Se CONCEDE el amparo invocado, se dejan sin efecto los fallos cuestionados y se ordena a las autoridades accionadas proferir nuevas decisiones en las que tengan en cuenta las consideraciones de esta providencia frente al derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

Se exhorta al Ministerio de Educación y a la Fiduciaria la Previsora S.A. para que tengan en cuenta los lineamientos definidos en este fallo al momento de tramitar las solicitudes del precitado derecho.