SU- de 2022

Como antecedentes del presente caso se tiene que el actor, en ejercicio de sus funciones como integrante de la Policía Nacional y haciendo uso de su arma de dotación oficial, ocasionó la muerte de un particular.

En el trámite del proceso penal se dictó sentencia absolutoria favorable en primera instancia, pero en segunda, se revocó esta decisión y se condenó al peticionario como autor del delito de homicidio, pero en modalidad preterintencional, imponiéndole una pena de prisión de seis años y seis meses, además de las penas accesorias de separación absoluta de la fuerza pública e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

Luego de interponer el recurso extraordinario de casación, la Corporación accionada resolvió no casar la sentencia condenatoria atrás referida y mantener la condena correspondiente.

El tutelante alegó que los hechos ocurrieron en el año 2005 y que la demanda de casación fue resuelta en 2019, es decir, 14 años después, imponiendo una sentencia condenatoria de más 13 años y 4 meses, lo que demuesta una prescripción de la acción penal.

La Corte se refirió a la regla general que prohíbe la imprescriptibilidad de las acciones penales y explicó el principio de favorabilidad en materia penal que contiene el artículo 29 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual la interpretación de las normas correspondientes debe siempre hacerse buscando la lectura que mayormente favorezca al sujeto acusado y que propenda por su liberación; y a la correlación que dicho postulado tiene con el principio pro homine.

Así mismo, hizo alusión al principio de plazo razonable que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las cuales establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable so pena de que se deje en libertad.

La Sala Plena de la Corporación concluyó que, la interpretación constitucional del artículo 189 de la ley 906 de 2004 y del artículo 352 de la ley 1407 de 2010 (nuevo Código Penal Militar) – no permite que a los cinco años que tiene la Sala de Casación Penal para fallar la demanda de casación correspondiente, so pena de la prescripción de la acción penal del caso, se le sumen los términos de prescripción que no hayan corrido al momento de dictarse la respectiva sentencia de segunda instancia, sino que la contabilización de dichos cinco años comienza a correr a partir de la formulación del respectivo recurso extraordinario de casación.

Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos el fallo cuestionado y se ordena proferir uno nuevo en el que se declare de oficio la prescripción de la acción penal y la cesación correspondiente del procedimiento seguido contra el accionante y, si éste estuviere privado de la libertad por virtud exclusiva de dicho proceso, disponga su libertad inmediata.