SU- de 2021

El actor adujo que la decisión judicial cuestionada, la cual se adoptó dentro de un proceso de acción de repetición, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, además de violación directa de la Constitución, al declararlo patrimonialmente responsable a título de culpa grave y condenarlo a pagar el distrito una suma de dinero cercana a los 600 millones de pesos.

Como antecedentes del precitado proceso se tiene que contra una resolución expedida en el año 1998 por el entonces Alcalde Mayor de Bogotá (hoy accionante), se declaró insubsistente a la persona que se desempeñaba como Subdirectora de Hacienda del Distrito, con fundamento en la facultad discrecional que le asistía por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción y dado el concepto emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito, específicamente sobre dicho cargo.

Contra dicho acto se inició demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, en primera instancia se declaró la nulidad de la mencionada resolución, se ordenó el reintegro de la exempleada y se condenó a la entidad al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la remoción hasta la fecha del efectivo reintegro.

Esta decisión fue confirmada en segunda instancia, sin embargo, el ad quem ordenó descontar las sumas percibidas por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el tiempo en que estuvo retirada del servicio.

Contra esta determinación la funcionara interpuso recurso de súplica en lo relacionado con los descuentos al valor de la condena y la entidad judicial ordenó al distrito pagar estos descuentos.

En el 2004 el Distrito Capital inició la acción de repetición en contra del accionante y otro, alegando que éstos incurrieron en culpa grave al expedir el acto administrativo de insubsistencia mencionado.

En el fallo cuestionado se indicó que la culpa grave le era imputable al exalcalde porque conocía que la empleada ostentaba derechos de carrera administrativa, condición que además le fue advertida por ella.

Agregó que ante esa situación el actor no precisaba de ningún concepto y, en caso de duda, su deber era acudir a la CNSC que es la entidad que administra la carrera administrativa.

Se reiteró jurisprudencia relativa a las reglas generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, aludiendo en particular a los defectos invocados por el accionante y, se sintetizó el alcance del precedente constitucional respecto de la acción de repetición establecido en el artículo 90 Superior, en particular, en lo relativo a la determinación de los criterios para calificar un comportamiento como doloso o gravemente culposo.

Sentencia SU.354/20.

La Corte concluyó que, de acuerdo con la naturaleza de la acción de repetición, la función retributiva que le ha asignado la jurisprudencia constitucional y la sujeción al principio de proporcionalidad, la valoración de la culpabilidad realizada por el consejo de estado contra el exalcalde Enrique Peñalosa fue equivocada, en tanto a partir de una interpretación del estándar de culpa grave, dio por probado, sin estarlo, que el comportamiento del agente fue descuidado o negligente.

Se TUTELÓ el derecho al debido proceso.