SU- de 2023

En este caso se cuestiona la decisión judicial que decidió no casar el fallo de segundo grado de un proceso ordinario laboral iniciado por la actora en contra de CAFAM la cual había negado el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada y las pretensiones derivadas de dicha declaratoria.

La autoridad accionada argumentó que, de acuerdo con el precedente de la Sala de Casación Laboral y el contenido del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la sola afectación de la salud del trabajador o el reconocimiento de incapacidades en su favor no es suficiente para otorgar la protección por estabilidad laboral reforzada, ya que se debía contar al menos con una pérdida de capacidad laboral igual o superior a 15%.

Se adujo que dicha providencia vulneró derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente constitucional.

Se verifica el cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se reitera jurisprudencia constitucional sobre el defecto por desconocimiento del precedente y el alcance del contenido de la estabilidad laboral reforzada por razón de salud.

Concluyó la Sala Plena que la providencia de casación incurrió en desconocimiento del precedente, específicamente de las Sentencias SU. 049/17 y SU.380/21, al interpretar equivocadamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en contravía de los dispuesto por la Constitución y negarse a reconocer el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, aduciendo que no se demostró que el trabajador contaba con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.

La Corporación también indicó que al incurrir en el precitado defecto se concretó además el defecto sustantivo, al darse un alcance abiertamente contrario al contenido de la ley.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado, se dejó sin efectos la decisión demandada y se ordenó proferir una nueva.

Así mismo, se instó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a modificar su precedente en relación con el alcance y contenido del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, pues si bien existe un precedente constitucional consolidado sobre la materia, su sala permanente y sus salas de descongestión han venido exigiendo la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, en lugar de verificar si al momento del despido el trabajador se encontraba en una condición de salud que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus actividades.