SU- de 2023

La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a una providencia judicial proferida en sede de casación.

Se aduce que dicho fallo incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución, al casar parcialmente la sentencia del Tribunal y negar el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por considerar que, de acuerdo con la Ley 361 de 1997, esta solo aplica frente a trabajadores que acrediten una pérdida de capacidad laboral superior al 15%.

Se reitera jurisprudencia constitucional sobre la acción de tutela contra providencia judicial, haciendo énfasis en las casuales invocadas, y el alcance y contenido de la estabilidad laboral reforzada por razón de salud.

Señaló la Sala Plena de la Corporación que la estabilidad laboral reforzada no deriva exclusivamente del contenido de la Ley 361 de 1997, sino que encuentra soporte en otros derechos y principios fundamentales.

Destacó igualmente que, la jurisprudencia constitucional ha sido pacífica al indicar que las personas en condición de debilidad manifiesta por razones de salud que les impida o limite realizar sus actividades laborales como lo hacían habitualmente, cuentan con la garantía de no ser despedidos sin que medie autorización de la oficina del trabajo y, sin que requieran para ello, estar calificados con pérdida de capacidad laboral.

Se concluyó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente, específicamente de las sentencias SU.049/17 y SU.380/21, al interpretar equivocadamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en contravía de lo dispuesto por la Constitución Política, y negarse a reconocer el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, aduciendo que no se demostró que el trabajador contaba con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.

La Sala Plena explicó que, al incurrir en el precitado defecto, también se concretaron otros defectos, específicamente el defecto sustantivo, al darse un alcance abiertamente contrario al contenido de la ley, así como el defecto por violación directa de la Constitución Política, al desconocer el trabajo en condiciones dignas y justas, la estabilidad laboral y el principio de no discriminación.

Se CONCEDE el amparo, se deja sin efectos la providencia censurada y, en su lugar, se deja en firme la sentencia del proceso ordinario laboral emitida en segunda instancia.

Se exhortó a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y, a sus salas de descongestión, a modificar su precedente en relación con el alcance y contenido del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, sin exigir la calificación de pérdida de la capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado por el precedente constitucional y conforme lo explicado en la presente decisión.