SU- de 2012

Debido proceso.

Tutela contra providencia judicial.

Sentencia de Unificación.

La acción de tutela se interpone en contra de la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se impuso a la accionante la pena de setenta y cuatro meses de prisión e inhabilitación de derechos y funciones públicas por noventa meses, al encontrarla penalmente responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, cometido en concurso homogéneo.

El proceso penal se inició por unos hechos en los cuales la accionante, en ejercicio de sus funciones de Representante a la Cámara, ordenó la creación de unos documentos públicos dirigidos a la Fuerza Aérea Colombiana invocando su calidad de primera vicepresidenta de la Corporación, los que fueron firmados con su nombre por instrucción de la propia congresista. .

Estima la accionante, que la precitada sentencia incurrió en diversos defectos como: 1º.

Violación directa de la Constitución porque no se le permitió ejercer el derecho de impugnar la sentencia, además por la concentración de funciones de instrucción y juzgamiento en un solo órgano judicial. 2º.

Sustancial, al haber aplicado el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 sobre aumento de penas, cuando tal disposición sólo resulta vigente para los procesos que se adelantan por la Ley 906 de 2004 y, no respecto del juzgamiento de los congresistas, el cual se debe guiar por los presupuestos de la Ley 600 de 2000 y, 3º.

Fáctico, por indebida valoración probatoria en razón a que la accionante no fue la autora jurídica de los documentos dirigidos a la FAC, que fueron tachados de falsos.

Se alega en la tutela, que la sentencia demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la participación política, al buen nombre y a la honra.

La Corte determinó que, en coincidencia con la postura recientemente adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no hay lugar a la aplicación del aumento de las penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en los procesos de fuero constitucional regidos por la Ley 600 de 2000.

Igualmente, estableció que no se configuraron los defectos sustantivos y fácticos aducidos por la peticionaria y en tal sentido, decidió revocar la sentencia proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar NEGAR el amparo solicitado.

De otra parte y dado el cambio de jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió remitir la actuación a dicha Corporación para que adopte la decisión que corresponda en lo referente a la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2009.