SU- de 2018

La actora y su hermana acudieron a la acción de reparación directa para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con la muerte de su padre, quien supuestamente fue ejecutado por militares simulando un combate que no existió.

En primera instancia se accedió parcialmente a las pretensiones, en tanto se excluyó a la peticionaria de las medidas adoptadas en el fallo, por no tener acreditada la relación de parentesco con la víctima.

En segunda instancia se encontró que la accionante estaba legitimada en la causa por activa, pero se concluyó que no había prueba suficiente para determinar si existió o no la ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria reclamada.

La acción de tutela se interpone en contra de esta última decisión judicial y se aduce que la Corporación accionada, como juez de segunda instancia, estaba limitada por los argumentos expuestos en la apelación, por lo que estaba vedada para pronunciarse sobre los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial estatal.

Así mismo se alega, una valoración inadecuada de las pruebas y la inaplicación del precedente judicial sobre el título de imputación.

Se aborda temática relacionada con: 1º.

Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º.

Los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. 3º.

Jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en torno a la flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos y, 4º.

La prueba indiciaria tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, como el comúnmente denominado “falso positivo”.

La Sala Plena encontró que el Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento del precedente, toda vez que en materia de homicidios en persona protegida (denominados comúnmente falsos positivos) existe una nutrida línea jurisprudencial por parte de ese Tribunal y también de la Corte Constitucional, sobre la flexibilización de los estándares probatorios en materia de violaciones graves a los derechos humanos, admitiendo que demostrar tal hecho mediante una prueba directa es casi imposible por la vulnerabilidad de las víctimas y la posición dominante que ejercen las Fuerzas Militares, por lo que se ha establecido que los indicios son los medios probatorios que por excelencia permiten llevar al juez a determinar la responsabilidad de la Nación, aplicando un rasero menor que el que podría aplicarse en materia penal.

Concluye, que dicha autoridad también incurrió en un defecto sustantivo por un error en la interpretación de los principios pro hómine y de equidad, al no haber aplicado la ya mencionada flexibilización de los estándares probatorios a efecto de privilegiar la justicia material, utilizando medios de prueba indirectos como los indicios o morigerando la carga de la prueba para demostrar el perjuicio material objeto de la reclamación.

Se CONCEDE el amparo invocado.