SU- de 2015

Debido proceso, igualdad.

Tutela contra providencia judicial Sentencia de Unificación.

Se demandan en sede de tutela las decisiones judiciales proferidas al interior de un proceso ordinario laboral y que negaron al actor el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional reclamada.

Se aborda la siguiente temática: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. ii) Los requisitos de procedibilidad de la acción en estos casos. iii) Los defectos sustantivos y fácticos como causales de dicha procedencia. iv) El desconocimiento del precedente. v) La finalidad de la convención colectiva. vi) La naturaleza de la Convención Colectiva dentro del proceso ordinario laboral -prueba o norma-. vii) El principio de favorabilidad en la interpretación de las convenciones colectivas. viii) La aplicación del principio de igualdad en situaciones similares y los fines del recurso extraordinario de casación al respecto. ix) La aplicación del precedente como garantía del derecho a la igualdad y, x) la importancia de la casación en la garantía del derecho a la igualdad y de otros principios constitucionales.

La Corte concluye, que se configura una vía de hecho judicial cuando las autoridades judiciales niegan beneficios convencionales a los trabajadores al dar sentido a las convenciones colectivas de trabajo como pruebas y no como normas susceptibles de ser interpretadas con base en el principio de favorabilidad.

Además, que se presenta una violación del derecho a la igualdad si los operadores judiciales no respetan el precedente –horizontal o vertical- o si se alejan del mismo sin la suficiente motivación, la cual debe ser explícita y razonada.

Este punto reviste gran importancia en el caso de los órganos de cierre por la relevancia sistémica de sus funciones, que también incluyen la materialización de los derechos fundamentales.

En efecto, los máximos tribunales de cada jurisdicción deben aplicar los principios de igualdad frente a la ley, buena fe y confianza legítima a través de sus fallos; unificar la jurisprudencia en el marco de sus competencias; dar seguridad jurídica a la ciudadanía y velar por la efectividad de los derechos fundamentales a través del conocimiento de los recursos que les competen.

SE CONCEDE.