T-480 de 2016

Se atribuye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la vulneración de derechos fundamentales de las 106 accionantes, como consecuencia de la negativa de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde finales de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se vincularon al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa.

Aducen, que realizaron su trabajo de manera permanente, personalizada y subordinada al ICBF, quien era la entidad que les asignaba y supervisaba sus funciones conforme a estándares establecidos por ella misma.

Indican, que desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios han recibido por los servicios prestados el pago mensual de una suma de dinero denominado “beca” la cual, por su continuidad y características, se constituye en salario.

Se reiteran las reglas jurisprudenciales que determinan los requisitos que se deben acreditar para la procedibilidad de la acción de tutela promovida por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre comunitaria en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF y se aborda temática relacionada con: 1º.

El alcance y contenido de los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social en condiciones dignas y justas. 2º.

Los elementos esenciales del contrato de trabajo y la primacía de la realidad sobre las formalidades, como uno de los principios constitucionales más preponderantes en materia laboral. 3º.

La prohibición de discriminación de género en el trabajo como garantía constitucional de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. 4º.

Aspectos generales del programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF. 5º.

El marco normativo y jurisprudencial de la labor de madre comunitaria en el precitado programa. 6º.

Los mecanismos legales y jurisprudenciales que dan cuenta del avance progresivo en materia de seguridad social de las personas que desempeñan la labor de madre o padre comunitario del ICBF. 7º.

La imposibilidad de invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva, como una de las garantías constitucionales que erigen el modelo de Estado Social de Derecho y, 8º.

El alcance del principio de progresividad en el derecho fundamental a la seguridad social.

Se AMPARAN los derechos fundamentales invocados, se declara la existencia de un contrato de trabajo realidad entre el Instituto y cada una de las peticionarias y, se ordena al accionado adelantar el respectivo trámite administrativo para que reconozca y pague a favor de las peticionarias los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir, al igual que los aportes parafiscales en pensiones causados y dejados de pagar.

Se exhorta al Instituto para que promueva e implemente medidas idóneas y eficaces con las cuales se obtenga, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación como garantías de todas las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa, excluyéndose a quienes se les otorgó el amparo en el presente fallo, Lo anterior, en armonía con el criterio orientador de sostenibilidad fiscal y con el fin de garantizar gradual y progresivamente el goce de los derechos fundamentales de las madres y/o padres comunitarios.