T-117 de 2013

Debido proceso, derechos de los niños.

Tutela contra providencia judicial.

En este asunto el Fiscal Sexto Seccional CAIVAS de Pereira, coadyuvado por la Defensora de Familia Centro Zonal Pereira CAIVAS y la representante legal de una menor de edad que presuntamente fue víctima del delito de acto sexual por parte de un tío, presentan la acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, alegando que, al confirmar la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), mediante la cual se negó la entrevista rendida por la precitada menor, bajo el argumento de haberse llevado a cabo sin hacerle la salvedad del artículo 33 de la Constitución Política, esto es, que “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, vulneró derechos fundamentales de la menor.

Aduce el Fiscal accionante que, con la decisión de excluir la entrevista de la menor se deja sin piso probatorio el proceso penal, impidiendo con ello que se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación de la niña.

El Tribunal accionado adujo estar frente a una tensión entre dos derechos, de un lado, los derechos de la menor víctima a que el Estado investigue los presuntos hechos cometidos en contra de su integridad y, de otro, el interés individual del procesado a que el juicio adelantado en su contra se celebre con las garantías del debido proceso.

Se analiza jurisprudencia relacionada con: 1º.

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º.

El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso. 3º.

El contenido del interés superior del menor en la legislación nacional e internacional. 4º.

El Alcance y la interpretación del artículo 33 de la Constitución Política en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal y 5º.

La entrevista forense del menor víctima de delitos sexuales.

Se concluye que, la autoridad accionada le dio prevalencia absoluta a los derechos del procesado, sin ponderar los intereses de la menor afectada por el supuesto ilícito.

Se precisa además que, los conflictos que se presenten en los casos en los cuales se vea comprometido un menor deben resolverse según la regla por infans, principio del cual se apartó la autoridad cuestionada.

Se acoge lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se pueden entender como derechos exclusivamente formales producto de la pluma del legislador, aislados o clausurados en la conciencia social, pues tales garantías encierran un conjunto de deberes ciudadanos para su observancia y cumplimiento; además, requieren de las autoridades como de los administradores de justicia, un especial e individual cuidado y protección de cara a su cometido fundamental.

Se CONCEDE la tutela, se dejan sin efectos la decisión judicial acusada y se ordena al juez de primera instancia dentro de la causa penal proferir una nueva providencia en la que se haga una valoración probatoria de la entrevista realizada a la menor, acorde con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica.

Se ordena a la Defensora de Familia del precitado caso realizar las diligencias para amparar a la menor mientras dure el proceso, con las medidas que crea conveniente para la eficaz protección contra toda forma de abuso sexual por parte de su tío si estas continuaron y, garantizar que la niña no conviva en el mismo lugar de dicho familiar.