T-095 de 2022

En este asunto el actor pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez originada en una pérdida de capacidad laboral derivada de enfermedades crónicas y degenerativas, pese a no cumplir con el requisito de cincuenta semanas de cotización en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

El accionante solicita el reconocimiento y conteo de las semanas cotizadas con posterioridad a la precitada fecha.

Se aborda temática relacionada con el régimen jurídico de la pensión de invalidez y las reglas especiales consignadas en la jurisprudencia respecto de personas con enfermedades crónicas y degenerativas, y el deber de tener en cuenta las sentencias de unificación de la Corte Constitucional.

La Sala Segunda de Revisión consideró que la situación del tutelante corresponde a los supuestos de hecho que permiten la aplicación de la regla jurisprudencial que establece que, cuando el estado de invalidez de una persona está asociado al padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico o congénito, las entidades administradoras de pensiones deben considerar para el estudio de la solicitud, las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

Ello, por cuanto, al tratarse de afecciones de larga duración y de progresión lenta, la fuerza productiva de quien las padece no se agota de manera inmediata, sino con el trascurso del tiempo, de ahí que la fecha de estructuración asignada, en la mayoría de los casos, no coincida con el momento en que, efectivamente, se pierde capacidad laboral de forma permanente y definitiva.

Con base en lo anterior se CONCEDIÓ el amparo invocado y se ordenó el reconocimiento y pago de la prestación mencionada, conforme con lo previsto en los artículos 39 y siguientes de la Ley 100 de 1993.