T-065 de 2015

En el presente caso, la viuda y dos hijas sobrevivientes de una persona que suscribió un seguro de vida y que falleció diez años después, exigen el pago de la respectiva póliza, de sus intereses y de los perjuicios que han sufrido como consecuencia de su impago.

La aseguradora se opuso a dichas pretensiones argumentando que el contrato había terminado antes de la muerte del tomador, toda vez que la entidad bancaria a la que le había encargado la labor de realizar el débito automático de las primas mensuales, no realizó el pago de una de ellas.

Las actoras demandaron a la aseguradora por responsabilidad civil contractual, pero los jueces ordinarios, quienes no vincularon al banco, profirieron sentencias absolutorias.

Son estos fallos los que se consideran trasgresores de derechos fundamentales, por la presunta comisión de un defecto sustancial o material, un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución.

Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º.

El período de gracia en los contratos de seguros de vida. 3º.

La autonomía de la voluntad y la buena fe como principios rectores de los contratos civiles y comerciales. 4º.

Las implicaciones de la terminación automática del contrato de seguros sobre el defecto fundamental al debido proceso y, 5º.

Los deberes oficiosos del juez civil.

Se TUTELA el derecho fundamental al debido proceso y se dejan sin efectos las sentencias proferidas dentro del proceso ordinario en cuanto incurrieron en un defecto sustantivo o material, por la no vinculación oficiosa de la entidad bancaria.