SU- de 2021

En este caso se aduce que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y consecuentemente a una vida digna, a la salud y a la seguridad social, como consecuencia de resolver negativamente un recurso extraordinario de casación interpuesto en contra de la providencia que resolvió un proceso ordinario laboral, mediante el cual se pretendía la reliquidación en cuantía equivalente al 100% del promedio de los factores percibidos en los dos últimos años de servicio, de quien alegaba ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social.

La acción de tutela fue iniciada por la cónyuge supérstite del demandante del precitado proceso, por cuanto éste murió antes de que se profiriera el fallo de casación.

Se indicó que la decisión cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y en desconocimiento del precedente, al omitir aplicar el alcance constitucional de las disposiciones previstas en el Decreto Ley 1750 de 2003, sobre la garantía de los beneficios salariales y prestacionales derivados de la Convención precitada.

Por tratarse de un problema jurídico que ya ha sido resuelto por la Sala Plena de la Corporación y sobre el cual ha fijado una línea jurisprudencial unificada, pacífica y reiterada, se decidió hacer una motivación breve, luego de verificar los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

La Corte concluyó que se desconoció la interpretación constitucional del artículo 18 del Decreto Ley 1750 de 2003 introducida por la Corte en la Sentencia C-314/04, según la cual, deben reconocerse los derechos pensionales causados antes del 31 de octubre de 2004, fecha esta última en que terminó la vigencia inicial de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

Así mismo determinó, que se desconoció la regla de decisión derivada de Sentencia SU-086/18, según la cual, el régimen pensional previsto en la Convención Colectiva de Trabajo vigente al 26 de junio de 2003, se extendía a los nuevos empleados públicos, antes trabajadores oficiales, hasta la finalización de la vigencia inicial de la convención, esto es, el 31 de octubre de 2004.

Igualmente consideró que la autoridad judicial accionada se apartó indebidamente de dicha regla de decisión, pues no cumplió con las cargas de transparencia y suficiencia de la argumentación.

Esto a pesar de que se trataba de un fallo de unificación, con carácter vinculante, que determinó el alcance de los beneficios convencionales para ex trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales.

Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la decisión cuestionada y se ordena a la autoridad accionada proferir una nueva decisión.