SU- de 2015

Igualdad, debido proceso, defensa.

Tutela contra providencia judicial.

Sentencia de Unificación.

Se interpone la acción de tutela en contra de las decisiones judiciales adoptadas en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor en contra de la Policía Nacional.

Para el peticionario, estas providencias vulneraron sus derechos fundamentales al desconocer el precedente constitucional, en tanto no reconocieron que su retiro había sido arbitrario y contradictorio con la calificación de su desempeño evaluada por la Policía como excelente.

Para resolver el caso, además de reiterar las reglas sobre procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, se analizó si se ignoró el precedente constitucional aplicable respecto de la facultad discrecional de retiro de miembros activos de la Fuerza Pública, y, específicamente, de la Policía Nacional.

En este sentido, después de invocar lo relativo a la función que por mandato constitucional cumple la Policía Nacional, la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad en la emisión de actos administrativos y, particularmente, lo atinente al ejercicio de la facultad que el Gobierno Nacional tiene para retirar los miembros de la Policía Nacional, la Sala encontró que las corporaciones judiciales accionadas omitieron aplicar el sostenido precedente de la Corporación , que si bien reconoce la conformidad constitucional de dicha facultad, exige que tales actos de retiro estén respaldados por al menos un mínimo de motivación.

De otra parte, encontró también que las sentencias cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico, al negar las pretensiones del actor sin tomar en cuenta la efectiva valoración de su hoja de vida por parte del correspondiente Comité de Evaluación, aspecto sobre el cual se ha establecido también un estándar de valoración plenamente identificado y unificado.

Se CONCEDE la protección constitucional solicitada, se deja sin efectos los fallos cuestionados y se ordena al Consejo de Estado proferir una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional respecto al estándar de motivación de los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacional, en uso de la facultad discrecional.

Se exhorta al Gobierno Nacional y a la Policía, para que al momento de ejercer la facultad discrecional de retiro de los miembros del servicio activo, tengan en cuenta los lineamientos definidos en este fallo, a fin de que tal facultad se ejerza dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley.