SU- de 2021

Se interpone la acción de tutela en contra de la providencia que casó el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, mediante el cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por el actor para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión sanción a la empresa Cementos Argos S.A: Dicha prestación fue denegada bajo el argumento de que el peticionario no trabajó durante diez años y, por lo tanto, no cumplió con el requisito temporal que exige la norma para acceder a dicha prestación.

En particular, la empresa precisó que durante la relación laboral el contrato se suspendió por 111 días, tal y como constaba en el documento de liquidación de prestaciones sociales.

En el proceso ordinario laboral que se inició por la anterior negativa, los jueces de instancia ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión sanción, bajo el supuesto de que el peticionario trabajó más de diez años a la empresa, en la medida en que de las suspensiones del contrato no se debían descontar 55 días de suspensión generados por una huelga declarada en la compañía, lo cuales no se debían computar conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-1369/00.

Se duce que dicho fallo cuestionado incurrió en varios defectos que vulneran derechos fundamentales, en tanto interpretó las normas del Código Sustantivo del Trabajo de manera que el lapso de 55 días de huelga se descontara del tiempo laborado que se exige para el reconocimiento de la pensión sanción.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, se analizó temática relacionada con: 1º.

La naturaleza jurídica y los requisitos de la pensión sanción. 2º.

El contenido y alcance del derecho constitucional a la huelga. 3º.

El principio de favorabilidad en materia laboral y, 4º.

Caracterización de los defectos alegados.

La Corte concluyó que la decisión de casación vulneró derecho al debido proceso del actor, en la medida en que incurrió en los defectos fáctico, de un lado, y sustantivo así como en vulneración directa de la Constitución, de otro.

Lo primero debido a que injustificadamente omitió valorar una prueba testimonial que daba cuenta de la duración menor de la huelga y, en particular, del hecho de que el cese de labores pudo haber tenido como causa la conducta antijurídica del empleador, lo que impedía su descuento para la contabilización del tiempo laborado por el actor.

La Sala de Casación Laboral no estudió la materia, a pesar de la concurrencia de la prueba y el carácter trascendental del asunto para definir la correcta aplicación de las normas legales que regulan los efectos de la suspensión del contrato de trabajo.

Lo segundo, debido a que la lectura de las normas legales aplicables al caso, desde una perspectiva compatible con la Constitución y la regla de decisión contenida en la Sentencia C-1369/00, hubiese necesariamente concluido la procedencia de la pensión, puesto que ésta comparte la naturaleza prestacional de aquellos emolumentos que no pueden ser afectados por el hecho de la huelga.

Así, la prestación por su misma denominación legal tiene un contenido sancionatorio, predicable del empleador que omite su deber de afiliación a la seguridad social y, con ello, la garantía de cobertura del riesgo por vejez.

Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la providencia cuestionada y se deja en firme la decisión de segunda instancia adoptada en el proceso ordinario laboral mencionado.