T-262 de 2024

El actor, quien tiene 80 años, es campesino y víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, adujo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, como consecuencia de no ser informado de un proceso de restitución de tierras relacionado con el predio en el que habita.

La pretensión principal de la solicitud de amparo es que se suspenda la entrega de uno de los bienes discutidos en la precitada causa, para así comparecer y ejercer su defensa.

Se analizó la siguiente temática: 1º.

Los principios y normas de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), en particular, del proceso transicional de restitución de tierras despojadas. 2º.

Jurisprudencia constitucional sobre la garantía del debido proceso en el trámite judicial de restitución de tierras, específicamente, la aplicación de los principios Pinheiro en materia de segundos ocupantes de predios despojados. 3º.

Reiteración de jurisprudencia sobre los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. 3º.

Reglas sobre la configuración del defecto procedimental absoluto por falta de garantía de la defensa técnica y el del defecto fáctico por omisión de valoración probatoria y, 4º.

La interdependencia entre los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, la vivienda y la dignidad humana en el proceso de restitución de tierras respecto de las víctimas de desplazamiento forzado.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se ordenó a la autoridad cuestionada remitir el expediente a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, para que continúe el trámite correspondiente.

Igualmente, se exhortó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que acompañen este proceso conforme sus funciones, en especial, en lo referente a la protección de las garantías procesales de las víctimas del conflicto armado, tanto reclamantes como frente a quienes tengan la calidad de segundo ocupante.