SU- de 2022

En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se tienen dos hechos como ejes comunes.

Por un lado, que los actores, al momento de solicitar el amparo, tenían setenta o más años de edad.

Por el otro, que alegaron que las medidas sanitarias proferidas en el marco de la pandemia de COVID-19 respecto de ese grupo poblacional, afectaron sus derechos fundamentales.

Hubo alegaciones particulares en cada caso.

Por ejemplo, en el primero, el reparo fue porque el actor no pudo salir de su casa para desarrollar las actividades que acostumbradas antes de que se profirieran las medidas de aislamiento preventivo.

En el segundo expediente el reproche se fundamentó en que las medidas eran discriminatorias, sin justificación razonable; paternalistas; humillantes e irrespetuosas, al tratar como personas no autónomas, vulnerables, frágiles e incapaces a los adultos mayores de 70 años.

En el tercer asunto, el peticionario argumentó que las medidas censuradas le impidieron desarrollar su actividad como perito electricista adscrito al Consejo Superior de la Judicatura, lo cual, a su turno, afectó su única fuente de ingreso.

En términos generales solicitaron al juez constitucional impartir órdenes como la expedición de un salvoconducto para continuar haciendo la vida con normalidad; inaplicar los actos administrativos que establecieron las medidas sanitarias de aislamiento preventivo obligatorio y las condiciones diferenciadas para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre, de mayores de 70 años y la nulidad de la medida que establecía el aislamiento preventivo obligatorio para estas personas.

Se desarrolló el análisis de los siguientes temas: 1º.

La dimensión objetiva de los derechos fundamentales. 2º.

El derecho a la igualdad y, en su contexto, la edad como criterio de diferenciación. 3º.

Las personas de la tercera edad como sujetos de especial protección constitucional. 4º.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad. 5º.

El derecho a la libertad de locomoción. 6º.

El derecho al trabajo y la prohibición de discriminación para su goce efectivo y; 7º.

La excepción de inconstitucionalidad.

Como la Corte encontró que los actos administrativos que motivaron las acciones de tutela descritas no se encuentran vigentes y que no han sido reproducidos en otra norma similar, declaró la carencia actual de objeto por la configuración de un DAÑO CONSUMADO.

No obstante, la Sala Plena concluyó que el tratamiento diferenciado del que fue objeto los peticionarios no fue constitucionalmente justificado, supuso un trato discriminatorio a la luz de la Constitución Política colombiana y significó una vulneración a sus derechos fundamentales, por lo que lo apropiado habría sido que los jueces de instancia hubiesen dado aplicación a la excepción de inconstitucionalidad.

Dada la configuración del hecho superado, la Corporación consideró necesario prevenir al Gobierno Nacional para que en futuras ocasiones se abstenga de decretar medidas restrictivas de derechos con fundamento exclusivo en un criterio etario.