C-520 de 2009

Ley 446 de 1998, artículo 57 parcial, la norma demandada modifica el título XXIII del libro 4 del código contencioso administrativo, el aparte acusado se refiere al recurso extraordinario de revisión que procede contra las sentencias ejecutoriadas “dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”, los cargos que le formula el demandante son: en primer lugar la vulneración a el principio de justicia ya que este recurso no puede proceder para sentencias dictadas en primera instancia, en segundo lugar se vulnera la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, ya que se esta exigiendo interponer el recuso de apelación para que luego pueda proceder el recurso de revisión, siendo este un medio inadecuado e inconducente para garantizar el acceso a la justicia, finalmente el actor considera vulnerado el derecho a la igualdad, tanto al interior de la jurisdicción contencioso administrativa, como en consideración a la jurisdicción ordinaria, solicita el actor que de no declarase la inexequibilidad de la norma acusada, de manera subsidiaria se declare la exequibilidad condicionada de la mencionada norma para que las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces o tribunales administrativos no apeladas, puedan ser objeto del recurso extraordinario de revisión.

La Corte pasa a estudiar: la libertad de configuración del legislador en materia procedimental, el recurso extraordinario de revisión en la jurisprudencia colombiana, y se concluye qué, se incurrió en una omisión legislativa relativa al no permitir que las sentencias ejecutoriadas de primera o segunda instancia de los Juzgados Administrativos y las de primera instancia de los Tribunales Administrativos, fueran susceptibles del recurso extraordinario de revisión, tal exclusión no tiene una justificación constitucional y el hecho de tener que interponer el recurso de apelación para que luego pueda proceder el de revisión, crea un requisito no establecido en el ordenamiento, que aumenta la carga de trabajo de la jurisdicción contenciosa, encarece de manera innecesaria el acceso a la justicia y desconoce la finalidad por la cual fueron establecidos los recursos extraordinarios, que no es otra que la búsqueda de la verdad material, por lo tanto se decide declarar inexequible la norma acusada.

Inexequible.