C-420 de 2020

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

La precitada norma previó dos clases de medidas.

Un primer grupo, relacionadas con las reglas y deberes procesales para la implementación de las TIC en el trámite de procesos judiciales.

El segundo grupo, disposiciones tendientes a lograr el efectivo uso dichas tecnologías y que agilizan el trámite de los procesos judiciales.

Luego de comprobar el cumplimiento de las exigencias formales y materiales requeridas para la expedición de este tipo de Decretos, la Corte decidió declararlo EXEQUIBLE todas las disposiciones contenidas en él, a excepción de su artículo 6º que lo declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO, en el entendido de que, en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión y, del inciso 3º del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9, que también los CONDICIONA en el entendido de que, el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.