T-288 de 2011

Debido proceso.

Tutela contra decisión judicial.

Dentro de un proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado por el Banco Davivienda S.A. en contra de la accionante, para obtener el recaudo de una obligación suscrita con la entidad bancaria y garantizada por hipoteca, se formularon unas objeciones a la reliquidación presentada por la entidad bancaria y se propusieron algunas excepciones previas y de mérito, las cuales fueron declaradas no probadas en ninguna de las instancias que conocieron el caso.

Inconforme con las decisiones judiciales, el actor solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del mandamiento de pago y en su lugar, ordenar el trámite bajo la normatividad aplicable al caso, prevista en la Ley 546 de 1999 bajo las reglas de exequibilidad condicionada, ordenadas en las sentencias C-995 y C-1140 de 2000.

El Despacho judicial rechazó de plano la nulidad invocada y frente a esta decisión, el demandante interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos confirmando el auto recurrido.

En sede de revisión se analizó jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre los requisitos generales y específicos de dicha procedencia.

Así mismo se analizó la interpretación y alcance de las sentencias C-383, C-700, C-747 de 1999 y C-955 de 2000, respecto de la Ley 546 de 1999.

La Sala estableció que: 1º.

No se estructuró un defecto fáctico en las providencias atacadas, 2º.

No se desconoció el acuerdo de las partes frente a las condiciones de la obligación. 3º.

La actuación de los jueces de instancia no fue caprichosa ni arbitraria y valoraron la realidad probatoria existente y 4º.

Se corrió traslado del informe pericial sin que por alguna de las partes fuera complementado, aclarado u objetado por error grave.

Por el análisis anterior se concluyó que no hubo vulneración al debido proceso y por tanto no se incurrió en ninguna causal específica de procedibilidad de la acción.

NEGADA.