T-1240 de 2008

Derecho al debido proceso y vivienda digna de partes dentro de un proceso ejecutivo como producto del cual se libró mandamiento de pago sin observar la satisfacción del requisito de procedibilidad dispuesto en la ley 546 de 1999 y la sentencia su-813 de 2007. <br>ineficacia de otro medio de defensa judicial.

Grosso modo, la prosperidad de la acción de tutela, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, depende que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <br>sobre el punto se demostró, inicialmente, que en el caso examinado los actores ya habían hecho uso, de manera infructuosa, de los mecanismo ordinarios dispuestos para la defensa de sus derechos. <br>además, se insistió en que la tutela se hace procedente para logro de la terminación del proceso por la aparición de controversias relativas al alcance del artículo 42 de la ley 546 de 1999. <br>procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El defecto por desconocimiento del precedente como causal especial de procedibilidad.

Reiteración jurisprudencial.

Se reafirmó que la inobservancia de la jurisprudencia constitucional acaece en cuatro hipótesis: (i)con la aplicación de disposiciones legales respecto de las cuales se ha declarado su inexequibilidad, (ii) o el apoyo en disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la constitución; (iii) con la asunción de una determinación contraria a la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad y (iv) en contradicción del alcance de los derechos fundamentales fijado por esta corporación. <br>el parágrafo 3° del artículo 42 de la ley 546 de 1999 y alcance de la sentencia su-813 de 2007.

De conformidad con este fallo, los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraren en trámite al 31 de diciembre de 1999, debían declararse terminados por el juez civil competente.

De omitirse tal mandato, la tutela deviene procedente de probarse que (i)el afectado haya sido diligente en su actuación procesal y (ii) que la acción de tutela haya sido presentada de manera oportuna, es decir, previo el registro del auto aprobatorio del remate o adjudicación del inmueble. <br>así, en el caso examinado se comprobó que el juzgado accionado libró mandamiento de pago dentro de un proceso ejecutivo con base en una obligación que había sido previamente reestrucurada.

Se encontró, entonces, la vulneración de los derechos antedichos.

Se dispuso ordenar la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo en mención. <br>concedida <br>