SU- de 2009

Debido proceso, igualdad, trabajo.

La Ley 588 de 2000 la cual regula el concurso de méritos tendiente al nombramiento de notarios en propiedad, consagró que para efectos de la etapa de análisis de méritos y antecedentes, se otorgaría cinco puntos a los concursantes que tuviesen autoría de obras en derecho, sin embargo no señaló mecanismos de pruebas dirigidas a demostrar la calidad de autor, el Decreto 3454 de 2006, dispuso que la publicación de obras en derecho se acreditaría mediante el certificado de registro de la obra expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, luego el Acuerdo 01 de 2006 estableció que la publicación se acreditaría con el certificado de registro de la obra expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor o mediante la certificación de la publicación expedida por la editorial respectiva, en octubre de 2007 se instauró una acción popular para la protección del derecho a la moralidad pública, el Tribunal Administrativo del Tolima encontró vulnerado el derecho colectivo a la moralidad al considerar que el Consejo Superior de la Carrera Notarial excedió sus facultades por lo tanto ordenó la nulidad del numeral 11 del artículo 11 del Acuero 01 de 2006, así como la elaboración de nuevas listas de elegibles para ocupar los cargos de notario en el país, solo se reconoció los 5 puntos por autoría de obras a los concursantes que acreditaron dicho requisito conforme a los dispuesto en el Decreto 3454 de 2006.

La Corte se vio en la necesidad de dictar una sentencia de unificación debido la existencia de fallos contradictorios, entra a analizar si resultó probado que el Consejo Superior de la Carrera Notarial quebrantó el derecho colectivo a la moralidad, también se revisan las decisiones proferidas en el curso de la Acción Popular, su medida cautelar y las sentencias de primera y segunda instancia, así como las decisiones contenidas en los fallos de tutela que tuvieron origen en dichas medidas, con el fin de establecer si con ellas se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos, la buena fe y la confianza legítima de los participantes en el concurso público.

Se establece que se incurrió en un defecto sustantivo porque se debió atacar el acto administrativo mediante una acción de nulidad y reestablecimiento del derecho y no mediante una acción popular, hay una inexistencia de razones materiales que amparen la dilación injustificada del nombramiento en propiedad como notarios de aquellas personas que por su mérito se hicieron acreedoras a tal designación, por lo tanto es necesaria la intervención de la Corte para adoptar una posición unificada y coordinada que garantice de manera integral la eficacia del precepto constitucional y que evite la vulneración masiva de derechos fundamentales, por último se pasa a la revisión de los casos concretos y especiales.