SU- de 2018

En sede de tutela se atacan las decisiones judiciales que negaron el levantamiento de las sanciones de arresto y multa impuestas a la accionante en su calidad de Ex Directora General de la UARIV, en el marco de incidentes de desacato promovidos por tres ciudadanos a quienes no se les entregó la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, en los plazos fijados por los respectivos fallos de tutela en los que se ordenó su pago, sino que se les asignó un turno y una fecha aproximada para su desembolso.

Se aduce que dichas providencias incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, en tanto desatienden la jurisprudencia que reconoce como válida la asignación de un turno y una fecha aproximada para el pago de la indemnización administrativa, a la vez que hacen caso omiso de los pronunciamientos reiterados de las Cortes en relación con que es procedente el levantamiento de las sanciones impuestas por desacato a orden de tutela en los casos en que se acredita el cumplimiento, así sea extemporáneo o aún después de que se surte la consulta, toda vez que la finalidad de dicho incidente no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia.

Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º.

Requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias que ponen fin al trámite incidental de desacato. 3º.

El deber de cumplimiento de las providencias judiciales como componente del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso y, 4º.

La jurisprudencia constitucional en relación con el incidente de desacato como mecanismo del carácter judicial para hacer cumplir los fallos de tutela.

Se TUTELAN los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso y, como consecuencia de ello, se dejan sin efectos los fallos que negaron el levantamiento de las sanciones por desacato impuestas a funcionarios de la UARIV y se levantan las mismas.

Así mismo, se exhorta a las autoridades jurisdiccionales que se encuentran investidas de competencia para resolver incidentes de desacato en los trámites de acciones de tutela a que, en el momento de pronunciarse sobre pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas a favor de las víctimas del conflicto armado, apliquen el precedente jurisprudencial vinculante desarrollado por la Corte Constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato expuesto en la presente sentencia.