T-946 de 2008

Derecho a la integridad sexual y reproductiva y a la libertad de afiliada a la empresa accionada que padece síndrome de down, fue accedida carnalmente y presenta un embarazo de 18 a 19 semanas de gestación. <br>su madre, quien actúa en su representación, solicita que, en consonancia con la sentencia c-355 de 2006 y el decreto 4444 de este mismo año, se ordene la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en vista de que en su caso confluyen tres causales de despenalización del aborto, a saber, el estado mental de la madre, el hecho de que el embarazo fue producto de un delito y alto grado de posibilidades de malformación del feto.

El médico tratante se negó a llevar a cabo el procedimiento reclamado, porque a su juicio, en vista de que la denuncia penal no era legible, no se probó debidamente que el embarazo de la paciente fuera producto de un acceso carnal.

Por lo tanto, su madre solicita que se le exhorte a ello. <br>interrupción voluntaria del embarazo.

Causales de despenalización del aborto.

Objeción de conciencia.

Consecuencias jurídicas por el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional en la materia. <br>incialmente, se recordó que, en cumplimiento de la sentencia c-355 de 2006, las hipótesis que generan la despenalización se dan si: A) la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; B) se visulmbra la grave malformación del feto, certificado por un médico; C) el embarazo es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial, de transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. <br>en cuanto a la figura de la objeción de conciencia, se citaron los requisitos que para su viabilidad fueron expuestos en sentencia t-209 de 2008, es decir: (i) que de reunirse las condiciones previamente anotadas, a ningún establecimiento prestador del servicio de salud le es dado negarse a la práctica de la ive; (ii) que a loss profesionales de la salud que en razón de su conciencia no estén dispuestos a practicar el aborto se les debe garantizar la posibilidad de acudir a este instituto; (iii) a este fgenómeno es posible apelar siempre y cuandi se trate realmente de una “convicción de carácter religioso debidamente fundamentada”; Y, (iv) la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia constitución. <br>finalmente, en relación con las consecuencias jurídicas de la negativa frente a dicha solicitud, se retomó igualmente lo dispuesto en la providencia de 2008 que reconoció: I) la competencia del tribunal de ética médica para evaluar las objeciones de conciencia presentadas con ocasión de la solicitud de ive; Ii) la potestad investigativa y sancionatoria de la superintendencia nacional de salud y del ministerio de la protección social; Iii) la investigación disciplinaria y penal de los jueces de instancia; Y iv) el derecho a la indemnización de perjuicios. <br>de un lado, el juez de primera instancia estimó ilegible la copia de la denuntuvo a su juicio que el embarazo era bastante avanzado, y se negó autorizar la práctica de la ive.

El médico tratante, por su parte, estimó insuficientes las pruebas, pero no invocó la objeción de conciencia o remitió a la paciente a otro centro médico. <br>por tanto, se ordenó a la accionada abstenerse de generar obstáculas para la práctica de una ive; La remisión de copias a las entidades competentes para que estudien la actuación de la accionada y del médico tratante, en concordancia con las expuestas consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de la jurisprudencia constitucional; Condenar en abstracto a cosmitet ltda, y solidariamente al profesional de la salud que atendió el caso a pagar los perjuicios causados a ana, por la violación de sus derechos fundamentales; Y ordenar a la secretaría general de esta corporación la expición de sendas copias de esta providencia y de todo el expediente de tutela con destino al consejo seccional de la judicatura de caldas –sala disciplinaria- y la fiscalía general de la nación, a fin de que se investigue a los jueces de instancia que actuaron en esta tutela. <br>concedida