T-629 de 2010

Vida digna, mínimo vital, salud, seguridad social, estabilidad laboral reforzada, dignidad, protección a la mujer en estado de embarazo.

La accionante comenta que ingreso a trabajar como trabajadora sexual, mediante contrato verbal, cumpliendo un horario y como contraprestación se le pagaban honorarios, en diciembre de 2008 informó a su empleador que se encontraba en estado de embarazo, a lo cual se le informó que podía seguir trabajando con el horario de costumbre, en enero informó al empleador que su embarazo era de alto riesgo debido a que estaba esperando mellizos, debido a ello se le dio la orden de administrar el bar, sin embargo en febrero se le cambiaron las funciones, y en marzo fue despedida, solicita se ordene a su empleador reintegrarla a su puesto de trabajo, y le sean pagados los salarios y prestaciones dejados de percibir y la afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones de todos los meses laborados y faltantes y también de riesgos profesionales.

La Sala pasa a resolver si ¿es constitucional el argumento esgrimido por las jueces de instancia según el cual, no obstante las asistencia y protección esmerada que se debe proveer a la mujer embarazad, su reclamo por derechos laborales derivados de la prestación de servicios sexuales por cuanta ajena, no es siquiera admisible ni por tanto debe ser garantizado, en razón de la discriminación negativa que opera por causa su objeto ilícito, en tanto contrario al orden público y las buenas costumbres?, se pasa a realizar un profundo estudio sobre, la igualdad, desigualdad y discriminación en la Constitución, la prostitución en el derecho positivo desde el ámbito internacional y en el derecho Colombiano, luego se analiza la licitud o ilicitud de la prostitución, la prostitución como una actividad lícita con límites estrechos, se realizan algunas precisiones sobre el contrato de trabajo y el Derecho Laboral, las condiciones subjetivas del trabajador, en el caso de la mujer embarazada y madre cabeza de familia, el contrato laboral entre la persona que ejerce la prostitución el establecimiento de comercio, en primer lugar se determina que la accionante prestó sus servicios personales de manera subordinada y continua a cambio de una remuneración acordada por lo tanto si existió contrato laboral, como trabajadora sexual y como empleada de oficios varios, además de las pruebas aportadas, también aparece demostrada la subordinación y el pago de un salario como contraprestación a sus servicios, por lo tanto se encuentra clara la existencia de un contrato realidad y que el despido se dio cono motivo de su embarazo y sin justa causa, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales de la accionante, se decide otorgar la protección de los derechos invocados, se ordena al dueño del establecimiento de comercio el pago de una indemnización equivalente a sesenta días de salario y a las 12 semanas de descanso remunerado a que tiene derecho y se exhorta a las autoridades administrativas y de policía del Distrito Capital, y al Ministerio de Protección Social sobre la necesidad de ejercer sus competencias de modo tal que sean protegidos de manera efectiva, los derechos de las personas que ejercen la prostitución en lo que tiene que ver con sus derechos individuales y con respecto al trato igualitario frente al Derecho del trabajo y a las garantías que en él se establecen cuando ejercen su actividad por cuenta ajena.

Concede.