T-159 de 2023

En este caso se aduce que la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Protección Social vulneraron derechos fundamentales de las actoras, por no ser incluidas como beneficiarias del Programa de Ingreso Solidario.

Indicaron las peticionarias que, en su mayoría, son madres cabeza de familia al cuidado de hijos o nietos menores de edad y, en ocasiones, de sus madres, padres o familiares en condición de discapacidad.

Señalaron además que eran empleadas de servicio doméstico o vendedoras informales antes de la pandemia ocasionada por el Covid 19 y que sus empleadores prescindieron de sus servicios.

Algunas de ellas, son migrantes venezolanas con estatutos migratorio regular.

Se reitera jurisprudencia relativa al derecho al mínimo vital y a la igualdad material de las personas en situación de vulnerabilidad económica.

Se analizan los siguientes ejes temáticos. 1º.

Los parámetros constitucionales mínimos que deben cumplir las políticas públicas y el Sisbén como instrumento de focalización. 2º.

El PIS como una política pública para garantizar el derecho al mínimo vital y a la igualdad material de los hogares.

La Corte concluyó que se configuró el fenómeno de la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en tres supuestos: i) por hecho superado, en tanto algunas accionantes fueron incluidas como beneficiarias del PIS luego de fallos de tutela de instancia; ii) por daño consumado, respecto de las accionantes que solicitaron ante la Alcaldía de Cali la práctica de la encuesta Sisbén y que a la fecha de este pronunciamiento no se había llevado a cabo, ello por cuanto la negligencia del mencionado ente territorial anuló toda posibilidad de que ellas fueran tenidas como potenciales beneficiarias del PIS y; iii) por sustracción de materia, dado que el PIS perdió vigencia el pasado 31 de diciembre de 2022, en los términos dispuestos por el artículo 20 de la Ley 2155 de 2021.

No obstante, la Corte emitió un pronunciamiento de fondo en el que instó a la Presidencia de la Republica para que, si no lo ha hecho, en el marco de sus funciones, diseñe y ejecute una política pública focalizada a las mujeres cuidadoras con trabajos informales que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Así mismo, la exhortó para que, en adelante, disponga las herramientas y procedimientos necesarios a través de los cuales garantice una asesoría con enfoque interseccional, que permita la eliminación de barreras de acceso a la política pública que se diseñe y ejecute en cumplimiento de lo ordenado en este fallo.