SU- de 2020

En este caso la empresa Arrocera Potrerito SAS interpuso la acción de tutela en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que la providencia que profirió, cuya aclaración negó mediante un auto, vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a un ambiente sano, al incurrir en violación directa de la Constitución, defecto fáctico, desconocimiento del precedente constitucional y defecto procedimental.

Lo anterior, porque al no casar la sentencia de segundo grado dictada dentro de un proceso de responsabilidad civil extracontractual que adelantó contra Cementos Diamante del Tolima S.A. y Cementos Diamante de Ibagué S.A., ahora CEMEX Colombia S.A., se desestimaron sus pretensiones de obtener una indemnización por los daños causados como consecuencia de la contaminación ambiental producida durante dos décadas con grave afectación de los suelos de la hacienda La Palma y, con ello, de sus cultivos de arroz.

Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre la Constitución y los principios de protección ambiental.

Así mismo, se aborda temática referente a los elementos de la responsabilidad jurídica por el daño ambiental.

La Corte concluyó que la providencia cuestionada no desconoció el precedente constitucional, pero sí incurrió en los defectos procedimental y fáctico y, en violación directa de la Constitución.

Sobre este último defecto precisó que se incurrió en él al aplicar el régimen de responsabilidad civil extracontractual de forma aislada, sin acudir a una interpretación conforme con los postulados de la Constitución y los principios rectores del derecho ambiental, concretamente, el principio de que quien contamina paga.

Se indica que, en aplicación del precitado proceso el juez debe tener en cuenta que quien contamina está obligado a asumir los costos del daño ambiental causado por su acción u omisión, incluso cuando este irradia sus efectos sobre el patrimonio individual.

Se CONCEDE el amparo, se deja sin efectos la providencia cuestionada y se ordena remitir el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que, con fundamento en la totalidad de las pruebas recaudadas, tase los perjuicios probados dentro del proceso ordinario mencionado.