SU- de 2015

El accionante, invocando la calidad de apoderado de un tercero, instauró la acción de tutela en contra de varias autoridades judiciales, con el fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, de quien señala como su representado.

Estos derechos se habrían vulnerado, desde su óptica, al haberle impuesto y ratificado una condena penal con base en un “testimonio de referencia” que a su juicio, no fue incorporado legalmente al proceso.

Así mismo, por no tener en cuenta testimonios presentados por él, ni tampoco una prueba sobreviniente al juicio oral que lo beneficiaba y que no fue descubierta oportunamente.

Igualmente, por haberse abstenido de fallar de fondo otra acción de tutela presentada con anterioridad, dirigida contra las mismas autoridades y basada en hechos y fundamentos iguales.

Tras examinar la demanda de tutela, las decisiones de instancia, la totalidad de los medios de prueba obrantes en el expediente y, después de evaluar estos elementos a la luz de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, encuentra la Sala que la solicitud de amparo resulta manifiestamente improcedente, por cuanto el accionante carecía de legitimación en la causa por activa, para interponerla, porque no aportó ninguna clase de poder que lo facultara para actuar judicialmente a nombre y en representación del titular de los derechos fundamentales invocados.

Así mismo, porque tampoco puede considerarse agente oficioso, porque no concurren las condiciones necesarias y suficientes que establece el artículo 10 del decreto 2591/91, para la agencia oficiosa.

Por otro lado, la Corte no dejó pasar por alto que en este caso la acción de tutela se dirigió en parte contra sentencias de tutela y, que además planteó una controversia que ya fue resuelta mediante providencias que hicieron tránsito a la cosa juzgada constitucional.

En este sentido, expuso la doctrina aplicable a asuntos de esta naturaleza, con el fin de unificar criterios y reiterar, que la tutela como regla general, es improcedente contra sentencias de tutela.

Respecto al hecho de que la decisión de segunda instancia concedió el amparo solicitado y que con base en ella se inició un incidente de desacato, la Corte decidió revocar esta decisión, por resultar manifiestamente improcedente, no solo por el problema de legitimidad en la causa por activa, sino por existir una causal de improcedencia inocultable, por dirigirse contra otras sentencias de tutela y, por una flagrante contravención de la cosa juzgada constitucional.

Respecto al mencionado incidente de desacato precisó, que una decisión tomada por una autoridad judicial, en la cual se desconozca de forma ostensible el ordenamiento constitucional, no puede desencadenar un proceso sancionatorio por desacato.

Por lo mismo, y en vista de que el fallo que desencadenó el incidente de desacato en esta ocasión se apartó ostensiblemente del ordenamiento constitucional, sin justificación alguna que pueda considerarse suficiente y concedió una tutela que resultaba manifiestamente improcedente, la Corte deja sin efecto la totalidad del incidente y ordena archivar cualquier actuación similar que se inicie fundándose en los mismos hechos, ante las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca o del Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, se ordena compulsar copias de las diligencias a los siguientes organismos: (i) a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para lo de su competencia, en lo que a bien tenga, en relación con las actuaciones de las autoridades judiciales que tomaron la decisión de conceder la tutela y, (ii) a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.

IMPROCEDENTE.