C-046 de 2018

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 (parcial y total) de la Ley 1797 de 2016, por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Los demandantes consideran que la norma acusada viola el artículo 125 Superior, al desconocer el principio de mérito como metodología para establecer la idoneidad del funcionario público que va a ocupar el cargo de gerente de una Empresa Social del Estado.

Aducen, que no es válido que el Estado Social de Derecho la provisión de dicho cargo dependa de criterios subjetivos, de variantes políticas y del poder institucional, cuando se trata de la elección de la persona que va a administrar el derecho fundamental a la salud.

La Corte concluye que el nombramiento de los Gerentes o Directores de las E.S.E. por parte del Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes, según el caso, no infringe el principio del mérito contenido en el artículo 125 de la Constitución, porque esta misma disposición autoriza a proveer cargos mediante el sistema de libre nombramiento y remoción como forma de acceso a la función pública.

Por ello, la Corporación advirtió que el Legislador tiene margen de configuración para establecer cuáles cargos son de esa naturaleza y la norma demandada cumple los requisitos fijados por la jurisprudencia para ese efecto.

En el mismo sentido concluyó, que la norma demandada no viola el mandato de no regresividad respecto de la provisión de empleos públicos, en tanto que la misma no otorga derechos, sino una competencia que no constituye la regulación de un derecho social (el acceso al cargo público por mérito), ni regula la faceta prestacional de un derecho.

Es decir, que el principio de progresividad no le es aplicable.

EXEQUIBLE.