SU- de 2024

Con el presente fallo se da solución a veinticinco acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales que resolvieron sobre la ineficacia de los traslados que realizaron algunas personas del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el período comprendido entre 1993 y 2009.

En veinte expedientes los actores indicaron, de manera general, que las autoridades judiciales se apartaron de manera injustificada del precedente de la Corte Suprema de Justicia, según el cual,(i) cuando el demandante alegue que fue indebidamente informado sobre las implicaciones de su traslado, corresponde a los jueces declarar la ineficacia del mismo y no su nulidad; (ii) en el proceso judicial, quien debe demostrar el suministro de la información aludida, es la AFP demandada; y (iii) el formulario de afiliación no demuestra dicho suministro de información.

Los casos restantes presentaros diferencias específicas respecto al grupo anterior.

En dos se discutió sí, respecto de la ineficacia, era procedente la prescripción.

En otro se revisó si el análisis probatorio fue adecuado.

En un cuarto expediente se debatió sí debía darse o no aplicación al Decreto 1642 de 1995, artículo 2, parágrafo transitorio, a efectos de que la actora regresa al RPM y, en el quinto expediente se indagó sobre el presunto desconocimiento de precedente de la Corte Suprema de Justicia.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte resaltó algunas consideraciones históricas y legales, relacionadas con el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

En este aspecto resaltó la importancia que tiene el deber de suministrar información clara, pertinente y suficiente, a los usuarios que desean trasladarse de régimen.

La Sala Plena decidió modular el precedente de la Corte Suprema de Justicia en materia probatoria en procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009.

Para tal efecto estableció que, en los procesos en los cuales se pretenda declarar la ineficacia de este traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso.

Estableció que, conforme a ellas, al juez corresponderá, seguir cuando menos las siguientes directrices: (i) decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes o las que de oficio sean necesarias; (ii) valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas, de manera individual y en su conjunto con las demás, inclusive los indicios, que le permitan determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre los hechos ocurridos y el conocimiento del afiliado sobre las consecuencias del traslado; (iii) no será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba.

La Corte determinó extender, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, las reglas expuestas en esta providencia a todas las demandas que estén en curso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral ya sea en primera, segunda instancia o en sede de casación, como también las que se tramiten mediante acción de tutela y cuya pretensión, principal o subsidiaria, esté dirigida a que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.