C-1154 de 2008

Decreto 28 de 2008 “por el cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del sistema general de participaciones”, artículo 21 (parcial).

En opinión del actor, la norma impugnada no permite que sobre los recursos del sgp se impongan medidas cautelares, lo cual desconoce la relatividad del principio de inembargabilidad de los recursos públicos y violenta, a suvez, los derechos fundamentales a la igualdad, la reserva de la ley, el acceso efectivo a la administración de justicia y los derechos adquiridos. <br>en virtud de la concurrencia de competencias en cabeza de la corte constitucional y el consejo de estado en materia de control abstracto, la primera tiene asignada a su cargo una labor prevalente y limitada por lo dispuesto en el artículo 241 superior, mientras que la de la última es de carácter residual y condicionada a lo que manda el artículo 237-2 de la constitución.

Sin embargo, determinar cuáles decretos están comprendidos dentro de la enumeración del artículi 241 constitucional, no siempre es fácil.

Por ello, jurisprudencialmente se ha erigido un mecanismo tendiente a la determinación de la vocación legislativa de un decreto, consistente en la aplicación de criterios materiales y formales.

De acuerdo con el segundo, la naturaleza deldecreto depende de los fundamentos expuestos por el gobierno al momento de su expedición.

Empero, si éste resulta insuficiente, se debe apelar al criterio de que, si el decreto consisten en una norma con fuerza material de ley, la competencia para definir su constitucionalidad, está en titularidad de la corte constitucional; Si, por el contrario, se trata de un acto administrativo o una norma carente de vocación legislativa, su estudio compete al consejo de estado. <br>en relación con la naturaleza del decreto estudiado, la sala encontró acreditado su carácter de norma con fuerza de ley, ello, en razón de la materia regulada, la fuerza jurídica que le ha sido asignada y su reglamentación por el gobierno nacional.

En vista de ello, se reconoció la competencia de la corte constitucional para asumir el estudio de la constitucionalidad de la norma en cuestión. <br>inicialmente, se tocó el tema pertinente a la inembargabilidad de los recursos del presupuesto general de la nación, como regla general, y las excepciones que se han concebido al respecto.

Posteriormente, se trató la inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaciones en vigencia del acto legislativo 01 de 2001 y del 04 de 2007, que establecen la procedencia excepcional de la imposición de medidas cautelares sobre dichos recursos. <br>en particular, en relación con el caso sub exaine, se aclaró que, si bien la norma en cuestión consagra el principio general de inembargabilidad de los recursos del presupuesto del sgp, igualmente reconoce la posibilidad de adoptar medidas cautelares derivadas de obligaciones laborales.

Es más, prevé una fuente inmediata para hacer efectivas dichas obligaciones. <br>por tanto, se declaró la constitucionalidad del artículo acusado en relación con los cargos imputados. <br>exequible <br>