C-871 de 2014

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para el demandante, el texto normativo acusado viola los artículos 13, 25, 53 y 93 de la Constitución Política, debido a que excluye a los trabajadores del servicio doméstico del derecho a la prima de servicios, en virtud de establecer que el sujeto obligado al pago de esta prestación especial son la empresas, concepto que difiere del de familias, que son quienes usualmente contratan los servicios de tales trabajadores.

Para la Corte, es claro que que existe un déficit de protección en materia de derechos laborales que afecta a los trabajadores del servicio doméstico, pero que al adoptar cualquier decisión se debe tomar en consideración los efectos sociales y económicos que puede generar la ampliación de un derecho laboral de carácter prestacional, cuando el obligado es una familia, pues ello presenta una dificultad relevante para el juez constitucional que se refleja en la eficacia inmediata del derecho al pago de la prima de servicios para todos los trabajadores domésticos, que supone una carga distinta para los empleadores que, en este caso son las familias, las cuales, en principio se encuentran en circunstancias económicas y sociales muy distintas, porque para algunas de ellas, el pago representaría una carga irrelevante, mientras que para otras, una carga sensible pero razonable y, para otro grupo, compuesto por familias que no gozan de privilegios económicos pero que tienen que enfrentar la necesidad imperativa de apoyo en el hogar, sería un costo significativo.

Pese a declarar EXEQUIBLE la expresión “toda empresa”, se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, para que adopten medidas legislativas e implementen las políticas públicas necesarias, para avanzar hacia la universalidad del derecho prestacional al pago de la prima de servicios en el caso de los trabajadores y trabajadoras domésticas.