T-518 de 2011

Seguridad social, salud.

La accionante sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó una fractura de la vértebra C-6, lo que le generó un trauma craneoencefálico a nivel occipital y un trauma raqui-medular cervical, cuyas secuelas afectaron sus funciones físicas y mentales.

Se alega en la acción de tutela, que la asignación del porcentaje de invalidez y la fijación de la fecha de estructuración de la misma se realizaron sin atender los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables a su caso, impidiéndole acceder a la pensión de invalidez a que tiene derecho, no obstante que su actual condición física le imposibilita desempeñar cualquier actividad productiva.

Para resolver el problema planteado la Sala hace una revisión de la jurisprudencia constitucional relacionada con el contenido y la manera cómo deben producirse los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez; se refiere a los precedentes conforme a los cuales la calificación de invalidez debe realizarse a partir de una consideración integral de las condiciones de la persona y, presenta un desarrollo sobre las consecuencias de dicha calificación integral, sobre la determinación del régimen aplicable en el evento en que haya lugar al reconocimiento de una pensión de invalidez.

Se tutela el derecho invocado, bajo la perspectiva de que en los dictámenes proferidos por las Juntas de Calificación de Invalidez no se ha realizado una valoración integral de conformidad con las exigencias que para el efecto aplican, como es el caso de la exposición clara y suficientemente razonada de los fundamentos de cada uno de los distintos componentes.

Se ordena la práctica de un nuevo dictamen para valorar y calificar la situación de incapacidad de la demandante, a efectos de determinar si le asiste o no derecho a la pensión de invalidez.

CONCEDIDA.