SU- de 2015

Sentencia de unificación.

Se presenta la acción de tutela en contra del Consejo de Estado, por la decisión que tomó de no decretar la pérdida de investidura de la entonces Senadora Martha Lucía Ramírez Cardona, acción en la cual el ahora actor fue demandante.

Las razones que sustentaron la solicitud de tutela fueron dos: i) la supuesta violación del derecho a la igualdad, al no haber aplicado el precedente trazado por la misma Sala en otro caso promovido por él, en el que sí se decretó la pérdida de investidura. ii) La inconsecuencia existente entre esta decisión y la previamente tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la elección de la señora Ramírez Cardona, por los mismos hechos aducidos como causal de la pérdida de investidura, por él solicitada.

Para decidir lo planteado y después de reiterar las reglas sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte recordó que, pese al deber de aplicar uniformemente la jurisprudencia y los precedentes, los jueces tienen la posibilidad de apartarse de éstos con una adecuada justificación y, que las acciones de nulidad electoral y de pérdida de investidura persiguen propósitos diferentes y son completamente independientes, pese a que en un caso concreto puedan ser promovidas contra un mismo ciudadano, a partir de unos mismos hechos e incluso, que su conocimiento esté asignado a una misma corporación judicial, razón por la cual su resultado puede no coincidir, sin que por ello el juez competente incurra en incongruencia ni en ninguna otra falta.

Explicó la Corte, que en este caso la Sala Plena del Consejo de Estado no infringió el derecho a la igualdad en la aplicación de sus precedentes, porque el caso no era análogo con el que para el efecto invocó el actor.

Así mismo preciso, que tampoco incurrió en defecto alguno al no decretar la pérdida de investidura y si haber declarado la nulidad de la elección, pues en el caso concreto no se configuró la causal aducida, entre otras razones, porque la celebración del contrato que habría generado la inhabilidad para ser elegida, invocada por el actor, ocurrió por fuera del período previsto en la norma constitucional.

Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.