C-049 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 203 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.

El actor considera que la disposición cuestionada vulnera las disposiciones constitucionales relacionadas con: (i) la destinación específica de los recursos del Sistema General de Seguridad Social; (ii) el principio de eficiencia del sistema, (iii) la regla relacionada con la creación de normas de intervención económica, (iv) el principio de competencia, así como el de unidad de materia; (v) la prohibición de donaciones y, (vi) la violación de los principios que guían el sistema tributario.

Tras estudiar la aptitud sustantiva de la demanda, la Sala Plena limitó el análisis al inciso quinto del artículo 48 de la Constitución, relacionado con una violación al mandato de destinación específica, y la posible proyección de dicha situación respecto de lo establecido en el inciso 1° del artículo 48 de la Constitución (eficiencia del sistema tributario) y al presunto desconocimiento del principio de unidad de materia, al haberse integrado esta disposición en el Plan Nacional de Desarrollo lo que, a juicio del demandante, pudo implicar el desconocimiento del artículo 158 Superior.

Se declaró INEXEQUIBLE con efectos retroactivos, el pago de las comisiones derivadas de servicios de promoción prestado por intermediarios a las A.R.L., con cargo a las cotizaciones o primas, incluidas las de riesgos laborales, o con los rendimientos financieros de las inversiones de las reservas técnicas.

La anterior declaratoria surte efectos a partir de la publicación de la Ley 1955 de 2018, es decir, desde el 25 de mayo de 2019.