T-392 de 2022

El actor adujo que, por el estado de emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en el 2020, le fue imposible trabajar en labores de construcción y por ello sufrió varias enfermedades por las cuales la Junta Regional de Calificación de Invalidez certificó que había perdido un poco más del 50% de su capacidad laboral.

Con dicho dictamen pido a la aseguradora accionada el pago del saldo insoluto del crédito hipotecario que había adquirido con el Fondo Nacional del Ahorro y esta pretensión se denegó debido a ciertas especificaciones de la póliza de seguro, en concreto, aquella que especificaba que la aseguradora debía calificar la pérdida de capacidad laboral del beneficiario.

Para el efecto, Positiva acudió a una firma especializada que analizó las enfermedades identificadas en el mencionado dictamen y determinó que la PCL correspondía sólo a un 39.76%.

Por lo anterior, es que el actor alega que sus derechos fundamentales fueron vulnerados.

Al analizar los requisitos de procedencia encontró la Corte que no se acreditó el de subsidiariedad, por cuanto el accionante tenía a su disposición un mecanismo judicial idóneo y eficaz para perseguir sus pretensiones, porque la controversia no versaba sobre derechos fundamentales sino sobre la aplicabilidad de una cláusula contractual; porque no se evidenció un actuar abiertamente arbitrario de parte de la aseguradora y, porque el peticionario no logró demostrar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Con base en lo anterior, se confirmaron las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela deprecada.