T-271 de 2018

La accionante dice que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la accionada cuando, vía WhatsApp, le notificó su desvinculación a la empresa, a pesar de haber comunicado con anterioridad su estado de embarazo.

Se aborda temática relacionada con los requisitos de procedencia de la acción de tutela y la subsidiariedad en los escenarios en los que se discute la garantía de la estabilidad laboral reforzada para mujeres gestantes o lactantes.

La Corte concluye que el proceso ordinario laboral es el escenario idóneo para resolver las dudas razonables que respecto a las circunstancias de la desvinculación surgieron en la presente causa, pues no se encuentra plenamente establecido si hubo finalización del vínculo con ocasión de móviles discriminatorios, o si por el contrario, la peticionaria de manera voluntaria dejó de asistir al ejercicio de sus funciones contractuales.

Teniendo en cuenta que la Sala encontró que las necesidades económicas mínimas de la accionante se encuentran cubiertas por su compañero y que su derecho a la salud no sufre menoscabo alguno porque está afiliada a la Dirección General de Sanidad Militar en calidad de beneficiaria, se declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada.

Se insiste en que, la mujer en estado de embarazo es un sujeto de especial protección constitucional.

Sin embargo, que de ese solo hecho no puede darse por sentada la ineficacia o no idoneidad de los demás mecanismos con que cuenta para elevar sus pretensiones, por cuanto todas las autoridades judiciales y, en concreto, las pertenecientes a la jurisdicción ordinaria laboral, son competentes a la hora de estudiar, desde la órbita constitucional, los conflictos que le corresponde tramitar.